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El «llarenazo»

24 de marzo, 2018 · Actualidad> España

El gobierno catalán que organizó el referendum del 1 de octubre de 2017 y declaró la independencia.

Una nueva oleada de dirigentes independentistas presos, Puigdemont anunciando que se entregará a la policía finesa, un nuevo pleno de investidura fallido y nuevas elecciones a la vista con «El País» asegurando que «esta vez sí que sí»… ¿una vuelta más del día de la marmota catalán? No. Esto va más allá de la repetición del mismo guión.

Juez Llarena, autor del auto de procesamiento del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha cortado el nudo gordiano del estancamiento de la burguesía española: la parálisis política de un gobierno Rajoy para el que impulsar cualquier avance estratégico en defensa del estado representa una erosión de su centralidad y continuidad en el aparato político. El PP y Moncloa habían apostado por una desactivación a «cámara lenta» y el auto del juez Llarena les cogió con el pie cambiado. En realidad tanto PP como el bloque independentista han adolecido de la misma confianza legalista y subestimado dramáticamente la capacidad de autodefensa del estado y sus automatismos.

Tanto PP como el bloque independentista, principales víctimas del auto del Supremo, han adolecido de la misma confianza legalista y subestimado dramáticamente la capacidad de autodefensa del estado y sus automatismos

El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, presenta el «Llibre Blanc» hoy «arma humente» en el auto del Supremo.

El auto del juez Llarena no se basa en «los papeles secretos» incautados a los líderes del procés ni en el relato de las mil y una reuniones delirantes del aparato pujolista en despachos de gobierno y retiros campestres que aparecen en la investigación de la Guardia Civil. Llanera en su auto sigue un guión que es público, que sigue colgado de un servidor de la Generalitat y que en su día fue presentado institucionalmente con toda la pompa y ceremonia: el «Llibre blanc de la transición nacional de Catalunya».

A partir de ahí, el auto elabora una teoría de la rebelión que recoge el balance hecho por los historiadores británicos y españoles de los «errores» en la represión de los primeros alzamientos militares contra la II República que sirvieron de preparación al golpe del 18 de julio de 1936. Según esta propuesta doctrinal, el delito de rebelión se produce con alzamiento, sin que sea necesario que este alcance sus objetivos, y considera que la violencia que exige el tipo penal se caracteriza por tres elementos: que se use la fuerza, que se use preferentemente contra personas y que esa fuerza sea «de entidad suficiente» como para que pueda «doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige». Estas condiciones se habrían producido en los actos del gobierno indendentista, cuando en la ejecución del «Llibre Blanc» se llega al referendum del 1 de octubre:

Impulsar a todos a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación

Hugh Thomas y Paul Preston fueron desde los 70 la cabeza de una revisión historiográfica de la II República que puso en acento en la insuficiente represión de las rebeliones de Sanjurjo como condición necesaria para el golpe del 18J de 1936.

El juez Llarena sigue pues en su auto la doctrina histórica elaborada por los historiadores «progresistas» de los años setenta hasta hoy según la cual la insuficiente represión de la «sanjurjada» fue condición necesaria para el golpe del 18 de julio del 36. El estado demuestra en este texto hasta que punto tiene interiorizada su propia «memoria histórica».

El auto del juez Llarena propone como doctrina jurídica las consecuencias del balance de la historiografía «progresista» que hace de la insuficiente represión de las «sanjurjada» condición necesaria para el golpe del 18 de julio del 36.

Siguiendo los escenarios del «Llibre blanc», el auto además juzga que la intervención de la Generalitat por el gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no supone el fin de la rebelión, interpretando por tanto los actos y estrategias de los dirigentes de JxSí-CUP desde noviembre hasta aquí dentro del mismo plan de rebelión… y de paso deslegitimando al gobierno en sus pretensiones de haber derrotado políticamente la intentona independentista porque según el texto, la ofensiva independentista,

puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas, pues eso es precisamente lo que se diseñó en el Libro Blanco que, en lo demás, se ha seguido con detalle

¿Qué aprender de todo esto?

Mensaje de Navidad de Felipe VI. 24 de diciembre, 2017.

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El estado es más que su aparato político y ante crisis existenciales y estancamientos peligrosos, no duda en ponerse en marcha y elevarse sobre la estructura política partidaria para mantener la cohesión de lo que es, desde hace un siglo, la maquinaria esencial del capitalismo español.

El primer «toque» lo vimos con el mensaje de Navidad del Rey, el segundo con éste auto del Tribunal Supremo que los periódicos conservadores titulan como «el llarenazo». La impotencia e incompetencia del aparato político de la burguesía española tiene por detrás una fuerza que le impide mantenerse indefinidamente en el estancamiento. El estado no es un cuerpo inerte ni depende de los políticos para que sus automatismos se pongan en marcha.

Huelga general en Reinosa, Cantabria, en la primavera de 1987

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Llegados a un punto como el actual, la herramienta estatal para enfrentar las fracturas entre la burguesía y la pequeña burguesía periférica, pasa por un desarrollo autoritario. De momento el delito de rebelión empieza a «normalizarse», a ser parte del arsenal legal de uso «normal» ante los conflictos sociales.

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Eso no solo afecta al independentismo o a la pequeña burguesía en sus rebeliones sin futuro. Bajo la definición de Llarena no pocas huelgas y movilizaciones entrarían o hubieran entrado bajo la etiqueta de «rebelión». Por cierto que, por si hace falta recordarlo, eso no supone que haya base para ninguna, ninguna, colaboración o frente «democrático» con los hoy procesados: la represión de la pequeña burguesía independentista no la hace menos nefasta ni enemiga de las necesidades de los trabajadores.

El consenso en el poder sobre la urgencia de sustituir al PP y a Rajoy, crece tras el auto del Supremo.

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Como apuntábamos tras la aplicación del 155, estamos oyendo «como cruje el andamiaje de la cohesión interna de la burguesía española». El PP se ha vuelto una rémora para el programa de recentralización del estado y disciplinamiento de la pequeña burguesía que necesita el capitalismo de estado español. A día de hoy el consenso entre las clases dirigentes sobre la necesidad de sustituir al PP y en general de renovar el aparato político crece… y el auto del juez Llarena no hace sino impulsarlo. No es un movimiento fácil ni un plato de gusto. Los riesgos son altísimos, pero un sector cada vez con más peso en el poder español lo ve estrictamente necesario para salir de su estancamiento y no quedar al margen, como también puede pasarle a Italia, de los procesos de concentración impulsados por el eje franco-alemán en la UE en un momento en el que el desarrollo de la guerra comercial hace que el tiempo vaya en su contra.

El tiempo corre en contra de la burguesía española y el estado no podía esperar más. La reacción apuntala la recentralización, acelera el desarrollo autoritario, impulsa la «renovación» del aparato político y deja a Rajoy en la picota
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