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Discriminación

Diccionario de marxismo

Exclusión o trato diferenciado que sufre una persona por presentar una serie de características arbitrarias, ajenas a aquello de lo que se le excluye o, que no siéndolo, se le atribuyen por asociación con un perfil demográfico tan arbitrario como cualquier otro.

Los incentivos en el origen de la discriminación

A pesar de los cantos a las virtudes de la «libre competencia», el capitalismo nunca ha conocido una competencia como la que se enseña en las asignaturas de economía. Como vemos todos los días en la guerra comercial, las leyes mercantiles, los impuestos… la competencia capitalista es una guerra total que no se da más que parcialmente en el «lenguaje de los precios». Crear monopolios para chantajear a muerte a millones, imponer ventajas comerciales mediante la fuerza militar, someter a cargas mayores al capital más débil… son el día a día de la competencia entre capitalistas. Hasta el pequeño burgués más mísero sabe que los «buenos márgenes» y los «grandes negocios» nacen de posiciones de fuerza normalmente avaladas por el estado o sustentadas en la propiedad de grandes masas de capital; no de la competencia en precio y calidad, sino de la posibilidad de utilizar el mercado para para imponer exacciones amañadas fuera de él. Así que por mucho que nos vendan la «igualdad de oportunidades» como la esencia misma del sistema, es el propio sistema el que constantemente recrea los incentivos a la discriminación.

Cuando la izquierda nos dice que hay que enfrentarse y perseguir con toda la fuerza del estado tal o cual discriminación, está tomando el punto de vista del gran capital. A éste, que dirige el capitalismo de estado, lo que le interesa es homogeneizar en la medida de los posible las condiciones de explotación para garantizar la movilidad de los grandes capitales entre sus colocaciones posibles.

Pero el capital en concurrencia, como el gigantesco parásito social que es, no duda en usar cualquier medio a su alcance para sobrevivir y reproducirse. Si hay posibilidad de discriminar, hay posibilidad de aumentar la explotación y con ella, la ganancia. Es más, muchas veces, desde el punto de vista de los capitales individuales, es la única forma de hacerlo. La tendencia igualadora del gran capital, chocará una y otra vez con las necesidades de la competencia real, sobre todo para la pequeña burguesía, pero también entre grandes capitales. Si una discriminación deja de ser útil, resurgirá otra antigua o aparecerá una nueva. Para el capital no hay nada esencial en las supuestas «identidades» sobre las que en un momento carga con toda la fuerza de la discriminación, solo perfiles demográficos a los que puede ser útil discriminar. La existencia de cualquier resto o prejuicio precapitalista y de cualquier situación de marginalidad -presos, migrantes irregulares, etc.-, será alentada entoncers y adoptada una y otra vez por los nuevos concurrentes que aspiran a una acumulación acelerada arañando márgenes. Y si no hay prejuicios a mano, se inventarán otros.

Esa es la competencia real. Tan brutal que el propio estado ha de moderarla por su potencialidad subversiva para la propia burguesía y su estado. La discriminación en el capitalismo es sistemática, necesaria y universal. Ni siquiera el estado puede ir mas allá de la persecución de excesos sin eliminar el juego de incentivos de la concurrencia de capitales.

La inculturación de la discriminación

Cuando el ejercicio de una discriminación se ejerce en el tiempo de forma no dañina para el sistema en su conjunto, su justificación ideológica acaba convirtiéndose en parte de la cultura.

Así por ejemplo los valores sociales que condenaban a las mujeres de todas las clases sociales a un lugar subalterno dentro de la clase de cada una de ellas, fueron para el capitalismo, en principio, una herencia. El capitalismo no necesitaba de una división sexual de trabajo, ni está en su lógica establecer un modo de explotación diferenciado y separada de varones y mujeres. Lo acogió y lo reprodujo sin embargo desde el primer momento como una forma de aumentar de forma directa la explotación de las obreras. La incorporación temporal de un número aun mayor de mujeres a la producción industrial durante las dos grandes guerras imperialistas eliminó buena parte de las restricciones legales que quedaban a las mujeres en los países del centro capitalista, aunque no bastó para cambiar la cultura.

Para que se produzcan cambios en la cultura hasta la condena social de una determinada forma de discriminación hace falta un cambio en las necesidades de la acumulación tal que permee al estado y mueva a este primero a liberar a la acumulación de las trabas que le suponga, materialmente, las estructuras surgidas de una discriminación de carácter general y segundo que le lleve a enfrentar la transformación de la cultura. La cultura es por definición «nacional» y cuando los valores y prejuicios que dan base cierta discriminación pasan a ser contraproducentes o dañinos para la acumulación, el estado o simplemente, la paz social, el estado intentará «reformar la cultura», «depurarla» o «modernizarla». Se establecerá entonces una cierta contradicción en lo ideológico que irremediablemente generará partidarios y detractores de todas las clases sociales. Verdaderos fuegos de artificio, estos conflictos pueden eternizarse bajo la forma de «guerras culturales», reforzando en torno a sí, la capacidad de encuadramiento del estado.

El ejemplo del machismo español

Si las guerras mundiales no cambiaron de forma permanente el papel de las mujeres en el aparato productivo, si lo hizo una de sus consecuencias: el desarrollo del capitalismo de estado. Con la proliferación de estructuras burocráticas tanto en el estado como en las empresas en todo el mundo comienza a principios de los años sesenta la incorporación de una generación de mujeres de la pequeña burguesía a la vida asalariada. El desarrollo del sector servicios que acompañó al proceso durante la segunda postguerra -expresión de unos mercados cada vez más insuficientes- y la pérdida de participación de los salarios en la renta nacional producto del desarrollo de la acumulación, extendieron el proceso durante los años 70 hasta afectar a la clase trabajadora como un todo. Las familias se transformaron de familias más o menos extensas en las que trabajaban los varones adultos y solo algunas mujeres para obtener «ingresos complementarios», en «familias nucleares» en las que, para mantener la capacidad de consumo, padre y madre tenían que tener un trabajo a jornada completa.

Veamos un ejemplo en España. Entre 1978 y 2017 la población activa femenina creció en un 177% y la tasa de actividad de las mujeres pasó del 27,75% al 53,13%. En el mismo periodo, la tasa de actividad masculina caía del 74,63% al 65,04%. El grueso de esa transformación del mercado laboral tiene lugar en los ochenta, el periodo en el que la burguesía española emprende su proyecto «modernizador» que incluye la reconversión industrial y la preeminencia de los servicios. Las mujeres trabajadoras de la época se incorporan pues a una economía que demanda trabajadores cualificados. Las encontrarán en las nuevas promociones de la enseñanza universitaria, donde el cambio había arrancado ya en los 60. Cuando se aprueba la Constitución en 1978 casi el 40% de los estudiantes son mujeres. A mediados de los 80 ya había más mujeres que hombres recibiendo enseñanza superior. Es decir, las mujeres que vivieron en primera persona el cambio estructural del mercado de trabajo en España, las que tuvieron que batallar «de verdad» con jefes machistas y procesos de selección infames, son las que hoy tienen 60 años o más.

El cambio económico fue acompañado de una serie de cambios culturales impelidos por el cambio legal. En 1981, el gobierno Suárez presenta y consigue aprobar la ley del divorcio y en 1985 el de Felipe González la primera ley del aborto. Desde las elecciones municipales de 1979, que produjeron una mayoría de ayuntamientos PSOE-PCE, los centros de «planificación familiar» difunden educación sexual básica y facilitan el acceso a los anticonceptivos a una nueva generación. Los valores ligados al sexo cambian, se «modernizan» y en general las relaciones personales, familiares y laborales se hacen -no sin roces- más igualitarias en función del sexo de cada cual. Una tendencia que va pareja al colapso de la iglesia católica como referencia y creadora de modelos en la sociedad española. España pasa de casi un 70% de católicos practicantes a un 12%. El cambio en la moral sexual y las costumbres sigue adelante.

Cuando en 2004 el gobierno Zapatero apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 56% de la población será ya partidaria y solo poco más del 20% estará en contra. Por supuesto el machismo seguía, sigue y seguirá mientras las relaciones sociales como un todo se basen en la violencia y la exclusión, pero aquel insoportable y burdo machismo español que había sido hegemónico hasta finales de los 80 se había convertido ya en subcultura de la derecha más recalcitrante, en tic reprochable en los políticos, en argumento de por qué era insoportable la «televisión basura» que despegaba desde la llegada de Berlusconi y su «Tele5».

El cambio cultural, sorprendentemente rápido en términos históricos, generó también sus resistencias y víctimas. Pero es significativo que el primer gobierno en reconocerlo, movilizando a los medios de comunicación afines para establecer el problema y aprobando la primera ley sobre la violencia contra las mujeres fuera el de Aznar en 2001, en año de instauración del euro. Es decir, el grueso del cambio cultural, la generación que impuso en casa que los hermanos varones limpiaran los platos y no solo las hijas, las que normalizaron para las mujeres las mismas prácticas sexuales y relaciones afectivas que los hombres, las que vivieron el paso en la consideración de la violencia de género de vergüenza íntima a lacra social, es la de las mujeres que hoy tienen más de 45 años. O dicho de otro modo, la generación anterior a la consagración del feminismo como ideología de estado.

El fin del machismo como elemento definitorio y característico de la cultura española tuvo como motor la terciarización de las aplicaciones de capital a partir de los sesenta. Fue acompañado desde el principio por el estado, que proveyó de educación superior a cada vez más mujeres y transformó el aparato legal que consagraba la discriminación a partir de 1978.

Es significativa la ausencia de un movimiento feminista con capacidad de movilización durante todo este proceso. Solo a partir de 2015, una década después de que culminara la transformación socioeconómica, el feminismo aparecerá como forma de encuadramiento político masiva. Lo hará directamente desde el estado o muy apoyado por éste. Por supuesto re-escribirá la historia social de los 60, 70 y los 80 como si las transformaciones materiales hubieran sido empujadas por una inexistente movilización feminista. El nuevo feminismo, ideología de estado, era en realidad el producto y no la causa ni el motor, de un cambio cultural que ya se había producido y que el estado pasaba a reivindicar como elemento definitorio de la cultura social del país.