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Al paro y aplaudiendo

18 de marzo, 2020 · Actualidad> Europa> España

Sánchez presenta ayer el «plan de choque» contra el impacto económico de la epidemia de covid-19.

Sánchez anuncia un plan de 200.000 millones de euros. Pero a diferencia de Macron, que prometió a los asalariados «continuidad en términos de poder adquisitivo» con cifras cuatro veces menos voluminosas, la protección a los trabajadores parece que pivotará sobre las prestaciones de los ERTEs. Lo que es aun más sorprendente, el gobierno español asegura que el conjunto de medidas le costarán solo 5.000 millones el primer mes y otros tantos el segundo. ¿Cómo puede ser éso? ¿Cuánto dinero piensan gastar de verdad, en quién y qué corresponderá a los trabajadores?

La parte del león

Christine Lagarde presenta el paquete de medidas del BCE ante la caída de la actividad económica debida a la epidemia de coronavirus. La mayor parte del «plan Sánchez» consiste en la canalización de este programa.

Para empezar, de los 200.000 millones del titular que dio nada más abrir su alocución, públicos son 117.000, el resto es capital privado que espera que se movilice a partir de los cambios generados por el plan. Pájaros volando. Y de esos 117, la mayor parte, 100.000 millones, no son ayudas directas ni gastos sociales sino una línea de avales para empresas.

¿Qué está haciendo el gobierno en realidad? Canalizar el programa de apoyo a las PYMEs anunciado por el Banco Central Europeo la semana pasada. Dinero gratis -sin interés- o que se paga a sí mismo -tipo negativo. Todo a gran escala, al punto que permite a los bancos quedarse por debajo de los requisitos de capital. En España el BCE ha calculado hasta cuánto puede desequilibrarse cada banco.

Pero, ¿no amenazaría éso las cuentas del estado multiplicando la deuda pública? No. Los avales en realidad no son gasto, sino activos, es un derecho de cobro para el estado que solo se convertirá en gasto cuando los créditos avalados no puedan ser pagados. Pero ahí Sánchez está jugando también con el BCE, que ha prometido comprar hasta 120.000 millones de euros de semejantes activos de aquí a fin de año. Es decir, el BCE acabará comprando buena parte de esa deuda y, simplemente, anulándola. El coste final para el estado será solo una porción de los impagos totales que se produzcan. Aun en el caso de que la morosidad se multiplicara y el BCE se pusiera «duro» -lo que es altamente improbable- y aplicara un descuento alto -lo cual ya sería bastante relativo dado que los tipos están en negativo- la deuda pública es difícil que aumentara en más de 5.000 millones al final de la crisis. Pero dado que todos los estados europeos están en la misma no tendría por qué empeorar el coste de financiación del gobierno español en relación, por ejemplo, a Francia. ¿Causaría problemas en la UE? Tampoco. El «pacto de estabilidad» con sus limitaciones de déficit y deuda está a punto de suspenderse.

¿No producirá inflación? En realidad no tendría por qué. El impacto de una súbita caída de la producción y el empleo es de por sí deflacionaria: los precios caen porque las familias tienen menos que gastar e intentarán ahorrar lo que puedan… y por si fuera poco, la bajada de los precios del petróleo, acentúa esa tendencia. Bienvenidos de nuevo a un «mundo keynesiano».

¿Qué más para las empresas?

Resumiendo, de los 200.000 millones anunciados, 83.000 son pura expectativa sobre capitales privados y 100.000 avales que en realidad representan solo una porción del coste que generen en impagos. Nos quedan 17.000. Sigamos restando.

Según se comunicó ayer, el estado dará una exoneración del 100% de las cotizaciones a las empresas que mantengan el empleo, y del 75% al resto de empresas. Y como extra -marginal en el conjunto- subvenciones a la compra de equipos informáticos y sistemas de teletrabajo y aportes directos a las grandes operadoras de telefonía y propietarios de infraestructura de comunicaciones para extender la conectividad de Internet.

No es, probablemente lo único, ni siquiera lo principal que van a llevarse los «campeones nacionales». Más allá de los créditos a tipo negativo, la rebaja de cotizaciones del 75% y la posibilidad de hace ERTEs sin coste es más que posible que reciban un apoyo especial que veremos en los próximos días. De momento, como medida política, recibieron ayer del presidente la garantía de que se impedirá la compra a derribo de las cotizadas por fondos y empresas no europeas.

¿Qué queda para los trabajadores?

Después de todo lo anterior todavía hay que restar otros destinos antes de llegar a la cobertura de los trabajadores. El evidente y más lógico el sistema nacional de salud. Pero aquí también hay rebajas: se anunciaron 3.800 pero en realidad solo son 1.000… los 2.800 que marcan la diferencia son transferencias a las autonomías que ya estaban en marcha antes de la epidemia. A esto hay que añadir los 600 millones en prestaciones básicas para afectados por el covid19 en los que insistió Sánchez, la mitad para mayores y sin techo, el resto enfermos y situaciones de vulnerabilidad extrema.

Para los trabajadores quedan… los ERTEs. El lado bueno: el tiempo consumido de paro no contará como gastado. El lado malo: si hacemos los cálculos para un trabajador que cobra el salario más común (17.482€ anuales), tiene un hijo a cargo y ha trabajado como fijo durante los últimos seis años en la misma empresa, eso significa que cobrará netos 654,8€. Si llevara menos de seis meses en la empresa, como una medida especial se le permitiría cobrar la prestación mínima: 430€. Para el autónomo típico, un precario no un pequeño empresario, el plan del gobierno permite declarar cese de actividad y, por lo general, si es capaz de justificar ante la administración su cierre temporal, cobrar 425€.

El gobierno además instaura siguiendo a Italia y Francia, pero solo para los llamados «colectivos vulnerables», una moratoria en el pago de hipotecas y la prohibición a las suministradoras de cortarles los suministros básicos (agua, luz y gas). Dado el carácter variable de la definición de «colectivo vulnerable», habrá que ver qué alcance real tiene. En cuanto a los alquileres, Sánchez llamó a la «comprensión» de los caseros, lo que tampoco suena muy sólido.

¿Algo más?

Si hacemos un balance general no hay que estar muy despierto para darse cuenta de que en realidad el «plan de choque» es un movimiento a dos manos -gobierno español y Banco Central Europeo- orientado a que el capital español se devalúe lo menos posible. Para eso articula una transferencia de rentas masiva del trabajo al capital que «compensa» con unas coberturas sociales mínimas. Tan mínimas que colocan a las familias trabajadoras al borde de la quiebra a poco que tengan que pagar una hipoteca o un alquiler.

En el discurso de ayer a mediodía, Sánchez, como buen «manager», prodigó todo lo que le salía gratis: exaltación de la ejemplaridad de unos y otros, de los trabajadores de salud, de los cuerpos de seguridad, celebración de los aplausos, épica frente al enemigo vírico, hasta mimos para los artistas tuvo tiempo a repartir… en fin… sentimentalismo, «unidad» y patriotismo. Pero por la noche, cuando ya todos habían empezado a sacar cuentas y llegó la hora de la celebración diaria del confinamiento, los aplausos sonaron menos fuerte y menos tiempo. Más de uno se preguntaba si no estaría aplaudiendo en realidad su propio camino al paro.